Después de tres años y luego varias revisiones la Contraloría General de la República de Chile no dio curso al Decreto Supremo de Movimiento Transfronterizo de Residuos (DS N°9), aludiendo que “adolece de una serie de errores formales, así como también, de numerosos errores de referencia a sus anexos”.

ANIR desde el principio manifestó que el documento perjudicaba a las empresas generadoras de residuos peligrosos que quisieran disponer adecuadamente, como a las empresas de reciclaje o valorizadoras formales ya que el Decreto afectaba la libre competencia.

Esperamos que esta vez el Ministerio del Medio Ambiente y Ministerio de Salud sean sabios en la futura reglamentación.