El 13 de noviembre pasado, SOFOFA y su red de gremios asociados representando a más de 4.000 empresas de todo Chile y sus trabajadores, nos sumamos al llamado del gobierno por un ACUERDO POR LA PAZ para reponer el orden público y garantizar el derecho de las personas a vivir y manifestarse en paz, así como a trabajar y circular libremente.

También acogimos el llamado a impulsar un acuerdo por LA JUSTICIA SOCIAL y otro por una NUEVA CONSTITUCIÓN, a partir de una participación ciudadana profunda e incidente.

Han pasado 12 días y vemos una luz de esperanza a partir de ese momento republicano ocurrido en la madrugada del viernes 15 de noviembre cuando gran parte de los partidos políticos suscribieron el ACUERDO POR LA PAZ SOCIAL Y LA NUEVA CONSTITUCIÓN. Este esquivo espíritu de acuerdos volvió a aparecer cuando en la madrugada del jueves 21 de noviembre senadores de gobierno y oposición suscribieron un MARCO DE ENTENDIMIENTO SOCIAL, un paso relevante en la agenda social.

Sin embargo, esa luz de esperanza se ensombrece cuando observamos con estupor cómo la violencia y la destrucción por parte de algunos continúa secuestrando impunemente la vida en sociedad de tantos, y cuando esa misma política que estuvo a la altura para alcanzar acuerdos en lo constitucional y social, incomprensiblemente titubea ante UN ACUERDO CONTRA LA VIOLENCIA.

Este último debe comprometer un amplio respaldo a las fuerzas de orden y seguridad para que, dentro del marco de la ley y de sus protocolos y con pleno respeto a los Derechos Humanos, ejerzan la fuerza legal y legítima contra la delincuencia, el vandalismo y la violencia organizada, así como a las correspondientes investigaciones de todos los casos en que se hayan vulnerado los Derechos Humanos de las personas.

El ACUERDO CONTRA LA VIOLENCIA requiere del compromiso decidido de oficialismo y oposición para que en el Congreso se aborde y enriquezca con un sentido de urgencia la agenda legislativa para modernizar las capacidades del Estado para resguardar el orden público, tanto en el fortalecimiento de las capacidades de las fuerzas de orden y seguridad como de las facultades de colaboración de las fuerzas armadas en el resguardo de la infraestructura crítica del país. Ambas deben disponer de las capacidades e instrumentos con que cuentan en países desarrollados.

Sólo con paz y sin violencia podremos desarrollar en libertad el proceso constituyente y el intenso ciclo electoral que se avecina, porque de continuar secuestrados por la violencia se tornarán inviables. Sólo con paz y sin violencia se podrán poner en pie las muchas empresas – pequeñas, medianas y grandes – que han sufrido daños cuantiosos y que son el sostén del desarrollo social y económico del país. No hay tiempo que esperar.